Un contrato por 129.7 millones de pesos para producir material electoral mantiene observaciones de fiscalización en Puebla, donde la Auditoría Superior del Estado (ASE) reporta señalamientos pendientes sobre la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEEP) durante la gestión de Blanca Yassahara Cruz García, quien ahora encabeza provisionalmente el Instituto Nacional Electoral (INE).
El contrato fue adjudicado en 2024 a Comercializadora JVLY, empresa de José Alfredo Hernández Casillas, para fabricar urnas, mamparas y paquetes electorales destinados a los comicios locales. El monto representa la mayor parte de los 138 millones de pesos observados por la ASE en las cuentas del organismo electoral correspondientes al periodo revisado.
Entre los señalamientos sobre la compañía, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que no tenía trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), habría presentado documentación falsa y carecía de constancia de cumplimiento fiscal, según las observaciones citadas en la información del caso.
Las inspecciones físicas de los presuntos talleres de Comercializadora JVLY se realizaron en instalaciones de Formas Finas y Materiales, otra compañía vinculada a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. También aparecen Cajas Graf, Corporativo Zeg y otras empresas señaladas por su presunta participación en operaciones para obtener contratos electorales.
Tras recibir el pago del IEEP, Comercializadora JVLY transfirió los recursos a otras compañías. Entre las operaciones descritas figura una transferencia a Plásticos y Metales MYC, que posteriormente envió dos millones de pesos a Grumeec, empresa que presuntamente había competido por el mismo contrato. Estos movimientos fueron señalados como indicios de posibles acuerdos entre compañías para controlar precios.
Hernández Casillas y su hermano conformaron más de media docena de empresas que, de acuerdo con los señalamientos del caso, habrían buscado concentrar contratos del INE y de organismos electorales estatales. La información también refiere presuntos vínculos entre José Alfredo Hernández Casillas y Guadalupe Taddei Zavala, entonces presidenta del INE, aunque esas afirmaciones deben distinguirse de los hallazgos documentados por las auditorías.
Las observaciones sobre el contrato poblano permanecen dentro de los señalamientos de fiscalización reportados sobre la gestión de Cruz García al frente del IEEP. Su llegada provisional a la presidencia del INE vuelve a colocar el expediente bajo atención pública, mientras el monto observado por la auditoría estatal asciende a 138 millones de pesos.
