La propuesta de ampliar la figura de violencia vicaria para incluir a hombres como víctimas ignora, desde la perspectiva de la activista Gabriela Rosas, las desigualdades de género que atraviesan este tipo de agresiones. La fundadora de la Colectiva Mujeres por el Derecho al Cuidado y una Vida Libre de Violencia calificó de machista la iniciativa de tres académicos de la Escuela Libre de Derecho de Puebla para reformar los códigos Penal y Civil del estado.
Rosas sostuvo que la violencia vicaria debe analizarse a partir de las relaciones históricas de subordinación y discriminación que afectan a las mujeres. Explicó que esta forma de violencia ocurre cuando un hombre utiliza a los hijos para mantener el control sobre su expareja y causarle daño, especialmente después de una separación o divorcio, aunque también puede presentarse durante la relación.
La activista reconoció que las mujeres pueden manipular a sus hijos o impedir la convivencia con el padre para perjudicarlo. Sin embargo, consideró que esas conductas pueden constituir violencia familiar o psicológica, sin que necesariamente correspondan a la definición de violencia vicaria, pues —argumentó— no se producen bajo las mismas condiciones estructurales de poder.
Uno de los aspectos que, señaló, distingue estas experiencias es el respaldo social que reciben las personas denunciantes. Según Rosas, las mujeres que denuncian violencia pueden enfrentar el rechazo de sus propias familias y ser desacreditadas en redes sociales, donde se les acusa de mentir, manipular o buscar beneficios económicos. En contraste, afirmó que los hombres suelen encontrar apoyo entre familiares, amistades y compañeros de trabajo.
La discusión también involucra la distribución de las responsabilidades de crianza. Rosas cuestionó el argumento de uno de los abogados que atribuyó a la mayor convivencia de las madres con sus hijos la posibilidad de manipularlos. A su juicio, esta explicación reconoce que las mujeres asumen gran parte del cuidado cotidiano, pero las responsabiliza por los conflictos derivados de esa desigualdad.
La fundadora de la colectiva señaló que los roles tradicionales asignan a las mujeres el cuidado de niñas y niños, mientras que a los hombres se les coloca principalmente en el papel de proveedores económicos. Consideró que esa división puede limitar la participación paterna en la crianza, pero no justifica atribuir automáticamente a las madres la responsabilidad por los problemas de convivencia.
Como argumento para defender una definición específica del delito, Rosas comparó el debate con las discusiones que surgieron durante la tipificación del feminicidio, cuando se señalaba que los hombres también son víctimas de homicidio. Sostuvo que reconocer que los hombres pueden sufrir violencia no implica que todas las agresiones deban recibir la misma clasificación jurídica, pues cada figura responde a características y contextos particulares.
