La trata de personas encuentra en Puebla un territorio estratégico para captar, trasladar y explotar víctimas. Su conexión carretera con entidades del centro y sureste, además del flujo migratorio, permite que el estado funcione como origen, ruta de tránsito y destino para estas redes, advirtió Marilú Rasso Ibarra, productora del documental La Ruta de la Trata.
El delito acumula 253 carpetas de investigación en Puebla entre 2020 y julio de 2026, según datos de la Fiscalía General del Estado. El mayor número se registró en 2023, con 71 investigaciones; le siguieron 61 tanto en 2024 como en 2025, mientras que hasta julio de este año sumaban 21.
Pero los expedientes oficiales podrían estar lejos de mostrar la dimensión real del problema. Rasso Ibarra señaló que existe una importante “cifra negra”, debido a que muchas víctimas no consiguen escapar de sus explotadores y otras, aun después de hacerlo, no denuncian por temor a represalias o por desconocer los mecanismos para hacerlo.
Las redes pueden aprovechar desde falsas ofertas de empleo hasta relaciones sentimentales o contactos en redes sociales para enganchar a sus víctimas. Una vez ganada su confianza, pueden trasladarlas a otra entidad o incluso a otro país, alejándolas de su familia y entorno para facilitar su sometimiento.
La explotación constituye la etapa final del proceso y puede mantenerse mediante amenazas, violencia física o psicológica, deudas falsas, retención de documentos o manipulación a través de los hijos. Las víctimas pueden ser movilizadas entre diferentes estados antes de llegar al lugar donde serán explotadas.
Entre los grupos que enfrentan mayor vulnerabilidad están mujeres, niñas y adolescentes, además de personas con discapacidad, habitantes de comunidades rurales y personas de la diversidad sexual, explicó la productora durante la presentación del documental en el Teatro de la Ciudad de Puebla.
La ubicación de Puebla, con conexiones hacia Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Morelos y Oaxaca, coloca a la entidad en una posición relevante para el movimiento de víctimas. Para Rasso Ibarra, esta condición geográfica explica por qué el estado puede aparecer en las distintas etapas de un delito que, pese a las investigaciones abiertas, mantiene una dimensión difícil de cuantificar.
