Préstamos “gota a gota” extienden redes de extorsión a 12 municipios de Puebla

Doce municipios de Puebla están bajo el alcance de los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”, un negocio que utiliza la necesidad económica de comerciantes y familias para engancharlos con dinero inmediato y después someterlos a intereses excesivos, cobros diarios, amenazas y violencia. La modalidad forma parte de una red delictiva documentada en 172 municipios de 31 estados del país.

En territorio poblano, los registros identifican esta práctica en la capital, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Tehuacán, Ajalpan, Tecamachalco, Izúcar de Matamoros, Xicotepec, Huauchinango y Chignahuapan, lo que refleja la extensión del esquema más allá de la zona metropolitana.

La expansión también alcanza otras regiones del país. La Ciudad de México concentra reportes en 15 de sus 16 alcaldías, mientras que el Estado de México suma 28 municipios y Oaxaca 15. Puebla comparte con Tlaxcala el tercer lugar, con presencia documentada en 12 demarcaciones cada uno.

El mecanismo se aprovecha de quienes necesitan efectivo y no tienen acceso a financiamiento formal. Los prestamistas ofrecen dinero sin aval ni garantías mediante volantes, redes sociales y recorridos por mercados, pero imponen intereses elevados y pagos cotidianos que pueden convertir una deuda en una situación de acoso y extorsión. Cuando los clientes incumplen, recurren a amenazas y agresiones para exigir el dinero.

Aunque surgió en Medellín, Colombia, durante la década de 1990, el modelo llegó a México en 2012 y posteriormente fue replicado por organizaciones criminales como La Unión Tepito, La Familia Michoacana y el Cártel de Sinaloa. Actualmente tiene presencia documentada en 17 países del continente, mientras su expansión comienza a mostrar una tendencia al alza en el norte mexicano.

Frente a este crecimiento, especialistas advierten la necesidad de dejar de tratar estos préstamos como simples conflictos entre particulares y plantean reformas penales para tipificar el delito, operativos contra las redes de prestamistas, canales seguros de denuncia y campañas preventivas. También proponen sanciones severas para quienes participan en estas estructuras.

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Redaccion
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