La violencia desplazó al diálogo en el conflicto sindical del IMSS en Puebla. Entre empujones, golpes y denuncias de agresiones contra jubilados y trabajadores activos, integrantes del Comité Ejecutivo Seccional 1, encabezado por María Elena López de la Vega, recuperaron las instalaciones gremiales y desmantelaron el plantón que durante 42 días mantuvo el grupo Fuerza IMSS Puebla para exigir mejores condiciones laborales y una nueva consulta salarial.
El enfrentamiento ocurrió cuando una comitiva del sindicato llegó al inmueble de la colonia El Carmen, en la capital poblana, para exigir la liberación de los accesos. Los manifestantes rechazaron entregar el edificio y propusieron trasladar cualquier negociación al salón social del IMSS en Zavaleta, además de solicitar garantías por escrito de que no habría represalias contra quienes participaban en la protesta.
La posibilidad de un acuerdo se diluyó cuando la secretaria general, María Elena López de la Vega, descartó dialogar con toda la base trabajadora y condicionó el acercamiento a que abrieran las instalaciones. Mientras se desarrollaba la discusión, un contingente de aproximadamente 50 personas con playeras azules se colocó detrás de la dirigente y posteriormente recibió el apoyo de otros civiles.
La confrontación pasó de los reclamos a las agresiones físicas. De acuerdo con testimonios y registros audiovisuales, los simpatizantes del comité empujaron a los manifestantes, derribaron mesas, sillas y víveres, además de jalar del cabello y tirar al suelo a algunos de los inconformes. Una enfermera denunció que fue atacada con un instrumento médico punzocortante y pateada en un muslo; una jubilada también acusó que le arrebataron su teléfono cuando intentaba documentar los hechos.
A las agresiones se sumaron amenazas de abrir un tanque de gas utilizado en el campamento. Aunque elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio, inicialmente solo dos uniformados estuvieron presentes y los refuerzos llegaron cuando la confrontación había terminado. Después de replegar a los manifestantes, el grupo identificado con el comité retiró las lonas y carpas, destruyó el campamento e ingresó al edificio entre gritos de celebración.
La recuperación de la sede no resuelve el conflicto que originó la movilización: el rechazo al acuerdo salarial que contempla un aumento global del 8%, dividido en 4% directo al sueldo y otro 4% en prestaciones. Los inconformes exigen un incremento del 10% directo al salario, una nueva consulta a la base, mayor suministro de medicamentos e insumos y contratación de personal. También demandan que la representación sindical promueva un congreso extraordinario para revisar las condiciones pactadas.
