Más de 30 horas de bloqueo acumula el plantón instalado por pueblos originarios de la región de Cholula en la Calzada y la carretera federal a Huejotzingo, en San Pedro Cholula, luego de que autoridades estatales y municipales incumplieran la reunión programada para este 5 de noviembre, con la que se pretendía avanzar en una solución al conflicto por la contaminación del relleno sanitario.
Los inconformes acusaron que fueron dejados plantados, pese a que durante la mañana se había acordado instalar una nueva mesa de trabajo Guadalupe. Ante la falta de acuerdos, advirtieron que no liberarán las vialidades hasta obtener respuestas concretas a sus exigencias, relacionadas con el incumplimiento de la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza, concesionaria del basurero.
Las acciones emprendidas para retirar los lixiviados tampoco convencieron a los manifestantes. Según expusieron, alrededor del mediodía llegó una sola pipa con capacidad para 10 mil litros, que realizó apenas dos viajes, cantidad que consideraron insuficiente frente al riesgo de contaminación de los mantos freáticos. También denunciaron que la maquinaria enviada para cubrir la excavación realizada por la empresa con la intención de ampliar el relleno sanitario nunca fue puesta en funcionamiento.
Para los pueblos originarios, estas intervenciones representan una simulación y no atienden el problema ambiental de fondo. Entre sus demandas se encuentran el retiro de la maquinaria de la recicladora instalada en el lugar, la extracción total de los lixiviados y el relleno de la excavación.
Como parte de las acciones de presión, anunciaron nuevas movilizaciones para este 6 de noviembre, entre ellas una manifestación en el zócalo de San Pedro Cholula. Mientras tanto, el cierre de ambos puntos continúa y obliga a automovilistas y usuarios del transporte público a modificar sus recorridos.
La alcaldesa Tonantzin Fernández Díaz sostuvo que ya habían comenzado las acciones para atender a los inconformes y manifestó su expectativa de alcanzar un acuerdo durante la reunión que estaba prevista. Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta Mier consideró que mantener bloqueadas las vialidades constituye una violación a la ley, aunque aseguró que su administración actuará con prudencia y conforme a los protocolos para resolver el conflicto.
El mandatario también señaló que la clausura definitiva del relleno sanitario requiere concluir los trabajos de tratamiento y transformación de residuos orgánicos e inorgánicos. Argumentó que deben garantizarse los derechos de quienes mantienen la protesta, pero también los de las personas que necesitan transitar por la zona.
