La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció tres líneas de fiscalización: investigaciones de oficio sobre contrataciones públicas, un estudio de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025 por el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), además de una auditoría integral al INE.
También revisará los recursos federales ejercidos por los organismos electorales de las entidades.
La revisión buscará identificar posibles irregularidades en la asignación de contratos, concentración de proveedores, relaciones comerciales entre empresas y servidores públicos, así como mecanismos de subcontratación que pudieran haber limitado la competencia en las licitaciones.
La ASF señaló que estas indagatorias surgieron de trabajos de inteligencia y del análisis de información solicitada a distintas entidades federativas.
Como antecedente, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informó sobre operaciones por 8 mil 870.3 millones de pesos realizadas por dos grupos empresariales con distintas instituciones públicas entre 2014 y 2026.
De ese monto, 3 mil 790.3 millones de pesos corresponden a operaciones con organismos electorales locales. Entre los aspectos bajo investigación figuran posibles esquemas de subcontratación entre compañías de los mismos grupos y procedimientos que pudieron simular competencia. Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no representan responsabilidades legales determinadas.
