Detienen a exjuez de Puebla por presunta omisión que facilitó una fuga

La detención de Enrique N., exjuez de lo Civil y de lo Penal de Tecamachalco, llevó al Poder Judicial de Puebla a fijar postura contra cualquier trato privilegiado a sus integrantes ante posibles irregularidades. El exfuncionario, de 58 años, enfrenta una investigación por probables delitos contra la procuración y administración de justicia, además de evasión de presos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) vincula el caso con una presunta omisión ocurrida en septiembre de 2024: el entonces juez habría dejado de remitir las constancias de un proceso penal al juez de ejecución itinerante. Según las indagatorias, esa actuación habría permitido que una persona escapara de la cárcel de Tecamachalco el 18 de septiembre de ese año.

La orden judicial contra el exjuez se cumplió el 20 de octubre, luego de un cateo en un inmueble de la colonia El Ángel, en la ciudad de Puebla. La Fiscalía informó que Enrique N. salió del domicilio hacia la vía pública, donde agentes especializados en el combate a la corrupción le notificaron la orden y realizaron la detención.

Ante el caso, el Poder Judicial señaló que denunció al exservidor público y que colaborará con las autoridades competentes. También reconoció las labores de investigación de la Fiscalía y aseguró que respetará la presunción de inocencia y el debido proceso.

La institución defendió que la posible responsabilidad de un funcionario no debe atribuirse al conjunto del organismo y afirmó que seguirá pendiente de las resoluciones de la FGE. En su posicionamiento, reiteró que no protege ni concede privilegios a personas servidoras judiciales señaladas por conductas irregulares.

Como referencia de sus procedimientos disciplinarios, el Poder Judicial reportó que, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026, el Consejo de la Judicatura emitió 30 determinaciones sobre responsabilidades administrativas, de las cuales 18 fueron sanciones contra servidores públicos. La institución sostuvo que su actuación debe regirse por la legalidad, la imparcialidad, la transparencia y el Estado de Derecho.

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