Con un presupuesto ejercido de mil 750 millones de pesos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla cerró 2025 con 87 mil 864 procedimientos pendientes de concluir, cifra que aumentó 141 por ciento respecto al año anterior.
El monto destinado a la institución durante 2025 fue 8.8 por ciento mayor al ejercido en 2024, cuando contó con mil 609 millones de pesos. El incremento representó 141 millones de pesos adicionales, mientras que el número de procedimientos pendientes pasó de 36 mil 359 a 87 mil 864.
El crecimiento del rezago ocurrió en un año en el que la Fiscalía abrió 82 mil 122 carpetas de investigación por distintos delitos. De ellas, registró 28 mil 190 determinaciones o conclusiones, entre las correspondientes a la investigación inicial y las de la etapa complementaria.
Con ese ritmo de resolución, el volumen acumulado de asuntos pendientes representaría alrededor de tres años de trabajo, bajo el supuesto de que no ingresaran nuevas carpetas de investigación. La estimación surge de comparar los 87 mil 864 procedimientos pendientes con las más de 28 mil conclusiones registradas durante 2025.
El desglose muestra que 27 mil 110 carpetas tuvieron determinación o conclusión durante la investigación inicial y otras mil 80 durante la investigación complementaria. En conjunto, las resoluciones equivalieron a 34.3 por ciento de las carpetas abiertas durante ese año.
Para el abogado Jhonatan Amaro Hernández, el volumen de asuntos pendientes puede estar relacionado con una capacidad de atención rebasada, particularmente por la insuficiencia de personal para integrar investigaciones y atender denuncias.
El litigante advirtió que el rezago puede repercutir en el acceso a la justicia de las víctimas, al retrasar investigaciones y una eventual reparación del daño. También señaló el riesgo de prescripción en determinados delitos cuando transcurren los plazos legales sin que se ejerza la acción penal.
Ante este escenario, planteó aumentar el personal, hacer más eficientes los procesos para presentar denuncias y ampliar el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos para reducir la carga de asuntos que llegan a las distintas etapas del proceso penal.
