Doce años después, hay familias para las que aquella noche todavía no termina. El calendario ha seguido su curso; los muchachos permanecen en las fotografías con la edad que tenían cuando fueron arrancados de su vida. Sus padres han envejecido buscándolos.

México ha cambiado de gobiernos, de consignas y de promesas, mientras ellos siguen reclamando una respuesta que debería estar en el origen de cualquier autoridad legítima: qué hicieron con sus hijos.

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 fueron asesinadas seis personas en los ataques de Iguala, entre ellas los normalistas Daniel Solís Gallardo, Julio César Ramírez Nava y Julio César Mondragón Fontes. Otros 43 estudiantes fueron desaparecidos.

Conmemorar exige nombrar a los muertos y sostener la búsqueda. Aquellos jóvenes se preparaban para enseñar; en sus proyectos personales estaban también las vidas de los niños a quienes podrían haber acompañado.

Reducirlos a un problema de orden público significa desconocer una parte decisiva del país y la promesa histórica de las normales rurales.

Al pensar en ellos regreso a una conversación que marcó mi vida pública. Durante mi responsabilidad al frente de la educación normal (2004-2006), mis superiores, Julio Rubio y Reyes Tamez, me explicaron el encargo con una prioridad absoluta: cuidar la vida y la seguridad de estudiantes y maestros.

La autoridad educativa debía hacerse presente antes de que un conflicto terminara en una patrulla, un hospital o una morgue.

La memoria exige reconocer también agravios previos, como el asesinato de los normalistas Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús en 2011. Sin embargo, en Iguala existió una diferencia sustancial: la desaparición.

Esta añadió el ocultamiento del destino de las víctimas y prolongó la violencia sobre quienes las buscaban. Esa diferencia modifica las preguntas sobre la actuación del Estado. Había que localizarlos y movilizar todos los recursos disponibles para protegerlos.

Por eso, me sigo preguntando qué pasó con la obligación de proteger. ¿Quién recibió las alertas? ¿Por qué las capacidades del Estado no se tradujeron en una protección efectiva? La distancia entre lo que el Estado sabía, documentado años después por el GIEI, y la protección que debía brindar, se volvió insoportable.

Las responsabilidades penales deben probarse e individualizarse, pero la responsabilidad política exige examinar el modo de gobernar y la respuesta de quienes ocupaban posiciones decisivas. (CONTINUARÁ…)