Al menos 14 locales de la Plaza de la Tecnología, ubicada en el Centro Histórico de Puebla, fueron clausurados durante un operativo realizado por autoridades federales durante la madrugada de este jueves 3 de septiembre.
Los establecimientos se encuentran sobre la calle 10 Poniente, entre 5 de Mayo y 3 Sur. En los accesos fueron colocados sellos de la Fiscalía General de la República (FGR), con la advertencia de que retirarlos o romperlos constituye un delito federal.
El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mientras agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla participaron en el resguardo de la zona.
De acuerdo con información proporcionada por uno de los comerciantes, quien solicitó mantener su identidad bajo reserva, los negocios afectados se dedicaban a la venta de artículos electrónicos. El comerciante afirmó que algunos establecimientos ofrecían productos clonados de marcas como Apple y Samsung; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
Hasta el momento, la FEMDO no ha detallado públicamente el motivo de las clausuras ni ha informado si durante el despliegue fueron aseguradas mercancías, equipos u otros objetos relacionados con una investigación federal.
El operativo ocurre menos de tres meses después de que el Ayuntamiento de Puebla clausurara al menos seis negocios del mismo inmueble por presuntas irregularidades en su documentación, según denunciaron entonces comerciantes de la plaza.
Aquella intervención municipal, realizada el 10 de junio, provocó protestas de los locatarios, quienes primero se concentraron frente al inmueble y posteriormente bloquearon la calle 11 Norte, a la altura de la 4 Poniente.
En ese caso participaron elementos de seguridad y personal de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial de la Tesorería Municipal. Ahora, la intervención corresponde a autoridades federales y permanece pendiente conocer el motivo específico de las nuevas clausuras.
