La crisis de gobernabilidad en varios municipios de Puebla podría extenderse a Tianguismanalco y Acatlán de Osorio, cuyos ayuntamientos enfrentan escenarios que podrían derivar en la instalación de nuevos Concejos Municipales.
Con estos dos casos, el Congreso del Estado tendría que analizar nuevamente la sustitución de autoridades municipales, en un contexto en el que ya existen cinco Concejos instalados tras conflictos que derivaron en la salida de alcaldes y la desintegración de sus respectivos ayuntamientos.
En Tianguismanalco, la detención del alcalde Juan Pérez Moral dejó al municipio en una situación de incertidumbre. La Ley Orgánica Municipal establece que, mientras no exista una vinculación a proceso dentro de los primeros 15 días, el suplente o el secretario general puede atender los asuntos urgentes de la demarcación.
La suspensión total del cargo procede cuando un juez de control vincula al alcalde a proceso y le impone prisión preventiva. Si el sustituto no puede o no acepta asumir las funciones, el Congreso puede intervenir para establecer un Concejo Municipal.
En Acatlán de Osorio, el conflicto tiene otro origen. Integrantes del Cabildo, con respaldo de habitantes, han solicitado la salida de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien señalan por presuntas irregularidades en obras, opacidad financiera, ingobernabilidad e inseguridad.
La Auditoría Superior del Estado concluyó una primera revisión de la cuenta pública de la administración y comenzó un segundo periodo de fiscalización. El resultado de estas revisiones determinará si existen responsabilidades administrativas y, en su caso, si proceden sanciones.
Los cinco Concejos que ya operan en Puebla son resultado de distintos conflictos municipales. Cuautempan fue el primero, después de la renuncia de integrantes del Cabildo y la pérdida del quórum necesario para mantener el gobierno municipal.
En Ahuazotepec, la desaparición del Ayuntamiento ocurrió tras las investigaciones contra el entonces alcalde Alfredo N., señalado por presunta extorsión y narcomenudeo. Durante un cateo fueron aseguradas armas y sustancias ilícitas; posteriormente, el edil presentó su renuncia.
La intervención del Congreso también alcanzó a Ciudad Serdán, Tlachichuca y San Nicolás Buenos Aires, municipios relacionados con integrantes de la familia González Vieyra, algunos de los cuales enfrentaron investigaciones y detenciones por delitos del fuero federal y presuntos actos de corrupción.
El escenario volvió a complicarse en julio de 2026 con la detención de seis directores de Seguridad Pública municipal en Chietla, Tehuitzingo, Chila de la Sal, Jopala, Tlaola y Tlapacoya. Las investigaciones están relacionadas con presuntas omisiones ante actividades de grupos dedicados a la producción y trasiego de drogas e hidrocarburos.
El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, ha señalado que las investigaciones podrían alcanzar a presidentes municipales, por lo que el Congreso podría enfrentar nuevos procesos de sustitución de autoridades.
Mientras no se resuelvan las situaciones jurídicas y políticas en Acatlán de Osorio y Tianguismanalco, ambos municipios permanecen como posibles nuevos escenarios de intervención legislativa.
