El perdón otorgado por algunas víctimas no puso fin al proceso contra Marilyn Cote, quien permanece privada de la libertad mientras enfrenta dos procesos penales en Puebla y una acusación en el ámbito federal, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
La titular del organismo, Idamis Pastor Betancourt, explicó que los perdones modificaron parte de la situación jurídica de la acusada, pero no alcanzan para detener las investigaciones que permanecen vigentes.
Cote se encuentra recluida en el Centro Penitenciario Femenil de Ciudad Serdán desde finales de 2024. Su caso se hizo público después de que fueran cuestionadas las credenciales con las que se presentaba como psiquiatra y ofrecía servicios relacionados con la salud mental.
De acuerdo con la Fiscalía, entre los delitos que forman parte de los procedimientos se encuentran la presunta usurpación de profesión, amenazas y suministro de narcóticos. Este último señalamiento está relacionado con la supuesta prescripción de medicamentos controlados sin contar con la acreditación médica necesaria.
Mientras dos carpetas continúan abiertas en el ámbito local, la acusada también enfrenta un procedimiento por un delito del fuero federal. Por ello, la situación jurídica de Cote no se modifica de manera definitiva con los perdones otorgados por algunas de las personas que la señalaron.
La Fiscalía indicó que corresponderá a los tribunales determinar las responsabilidades que procedan en los casos que continúan activos.
En otro expediente, la FGE confirmó la detención del presidente municipal de San Juan Tianguismanalco, Juan Pérez Moral, “El Mantecas”, investigado por una presunta violación en agravio de una trabajadora del ayuntamiento.
La denuncia señala que la agresión habría ocurrido el 10 de febrero de 2026 dentro de instalaciones municipales. Tras las investigaciones, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada el 17 de agosto en la colonia Buena Vista.
El alcalde, de 60 años, fue puesto a disposición de un juez de control en la Casa de Justicia de Ahuizotla, quien deberá determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.
