Puebla acumula al menos 30 víctimas de parricidio desde 2020, pero el mayor repunte se concentra en los primeros siete meses de 2026, periodo en el que se han documentado 10 asesinatos cometidos contra familiares directos, principalmente padres y madres, por parte de sus propios hijos.
El registro anual muestra una variación marcada en los últimos años: en 2020 se contabilizaron dos víctimas; en 2021, ocho; en 2022, tres; en 2023, dos; en 2024, tres, y en 2025, dos. Con los casos ocurridos durante 2026, la entidad ya superó el número de víctimas registrado en cualquier año previo del periodo analizado.
De acuerdo con especialistas, detrás de estos crímenes existen factores que suelen acumularse dentro del entorno familiar, como violencia prolongada, conflictos no resueltos, dificultades para manejar las emociones y consumo de sustancias. Advierten que estos hechos representan la expresión más extrema de problemáticas que pueden permanecer durante años sin atención.
La psicóloga Rocío Martínez Gloria explicó que la violencia dentro de las familias no siempre inicia con agresiones físicas, pues también puede manifestarse mediante maltrato psicológico, económico o emocional. Cuando estos conflictos no son atendidos, señaló, pueden generar resentimiento, impulsividad y conductas violentas.
A esta problemática se suma la falta de acceso oportuno a servicios de salud mental, pues especialistas consideran que la atención psicológica preventiva puede ayudar a identificar factores de riesgo y evitar que las disputas familiares escalen. También plantean fortalecer programas comunitarios y redes de apoyo para quienes viven situaciones de violencia.
El caso más reciente ocurrió en San Pedro Cholula, donde un hombre de 35 años fue detenido tras ser señalado por la muerte de sus padres y por lesionar a su hermano menor. La investigación establece que enfrenta cargos por homicidio en razón de parentesco, feminicidio y homicidio en grado de tentativa.
El Código Penal de Puebla contempla el homicidio en razón de parentesco cuando una persona priva de la vida a un ascendiente, descendiente, hermano, cónyuge, adoptante o adoptado con conocimiento del vínculo familiar, delito que puede alcanzar penas de hasta 50 años de prisión.
