Gerardo Mérida Sánchez se declaró este viernes no culpable de los cargos que le atribuye la justicia de Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, secuestro y portación de armas en una audiencia de arraigo que se realizó en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, en Nueva York.
El exfuncionario acudió a la comparecencia vestido con uniforme de prisión y fue representado por la defensora pública Sarah Krissoff.
Durante la diligencia, la fiscalía estadounidense presentó los señalamientos que lo vinculan con presuntas actividades de colaboración con el Cártel de Sinaloa y con la facción identificada como Los Chapitos.
Las investigaciones de las autoridades norteamericanas sostienen que Mérida Sánchez habría recibido pagos mensuales cercanos a los 100 mil dólares a cambio de proporcionar información sobre operativos y acciones de seguridad dirigidas a laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas.
El expediente también refiere que el exmando policial habría utilizado su posición dentro de la estructura de seguridad pública para facilitar dichas operaciones.
El proceso judicial ocurre bajo nuevas disposiciones impulsadas por la administración del expresidente Donald Trump, que instruyó a fiscales federales a aplicar figuras relacionadas con terrorismo en casos vinculados al narcotráfico.
Por orden de la corte, Mérida Sánchez permanecerá en prisión preventiva en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, donde también se encuentran internos otros personajes como Ismael “Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero.
La investigación de las cortes federales estadounidenses incluye a diez exfuncionarios vinculados con la administración estatal de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya.
Dentro de la misma indagatoria también permanece bajo custodia en Estados Unidos el exsecretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz.
La próxima audiencia de Mérida Sánchez fue programada para el 1 de junio.
En esa fecha, la defensa podría presentar una solicitud formal para obtener libertad bajo fianza mientras continúa el proceso penal.
