Hasta 20 años de prisión podrán enfrentar quienes cometan el delito de despojo de inmuebles en Puebla, luego de que el Congreso del estado aprobó por unanimidad reformas al Código Penal para endurecer las sanciones contra esta práctica.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y avalada por los diputados de la LXII Legislatura. El dictamen contempla modificaciones a los artículos 409 y 409 Bis, así como la creación del artículo 409 Ter, con el objetivo de establecer penas más severas contra quienes participen en la apropiación ilegal de propiedades.
Entre las agravantes incluidas en la reforma se encuentra que el despojo sea cometido por cinco o más personas, que la víctima sea adulto mayor, menor de edad, persona con discapacidad o integrante de un pueblo indígena, así como la participación de servidores públicos o la simulación de actos de autoridad.
También se consideran como agravantes el uso de documentos falsos inscritos en el Registro Público de la Propiedad y la intervención dolosa de notarios públicos en operaciones vinculadas con la apropiación irregular de inmuebles.
La legislación establece además sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes dirijan, organicen o financien este tipo de acciones. No obstante, si el objetivo del despojo es comercializar el terreno o inmueble, la pena podrá aumentar hasta los 20 años de cárcel.
Durante la discusión del dictamen, el diputado Andrés Villegas Mendoza señaló que la reforma busca combatir redes de corrupción dedicadas a arrebatar propiedades a particulares mediante diversos mecanismos.
El tema cobró relevancia después de que el gobierno estatal señalara posibles vínculos entre notarías de Puebla y el denominado “Cártel del Despojo”, por lo que se prevé que también se impulse una reforma a la Ley del Notariado.
Durante el debate legislativo se mencionó que algunas organizaciones han sido señaladas por la ocupación irregular de terrenos en distintas zonas del estado. Con la nueva legislación, las autoridades buscan fortalecer las herramientas legales para sancionar estas prácticas y proteger el patrimonio de los propietarios.
