Gobierno de Puebla acusa intento de “cobro de piso” tras ruptura con Grupo Salinas

La acusación de un presunto “cobro de piso” por parte de un medio de comunicación encendió la confrontación entre el gobierno de Puebla y Grupo Salinas, en medio de un conflicto que mezcla contratos públicos, señalamientos mediáticos y el futuro del Club Puebla en la Liga MX.

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, afirmó que TV Azteca —empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego— habría intensificado las críticas contra la administración poblana luego de que ésta rechazó firmar contratos con el consorcio por un monto superior a los 2 mil 350 millones de pesos. Según el funcionario, los ataques en espacios informativos responden a una presión para obtener acuerdos comerciales. “Un medio de comunicación no puede estar haciendo cobro de piso”, sostuvo.

Entre los proyectos que no se concretaron se encontraba la instalación de servidores y software para el nuevo edificio de la Secretaría de Planeación y Finanzas del estado, cuya construcción está por concluir. De acuerdo con reportes difundidos en medios locales, el contrato relacionado con esta infraestructura tecnológica alcanzaba un valor cercano a los 2 mil millones de pesos.

En paralelo a esta disputa empresarial y política, el conflicto también alcanzó al ámbito deportivo. El gobernador poblano criticó la forma en que Grupo Salinas ha administrado al Club Puebla, al señalar que el equipo ha sido utilizado como un negocio en el que constantemente se venden a los jugadores más destacados, lo que impide consolidar una plantilla competitiva.

El mandatario sostuvo que esta dinámica debilita al club y afecta a la afición poblana, al considerar que el futbol se ha convertido en una fuente de ingresos para sus propietarios más que en un proyecto deportivo de largo plazo.

En medio de la polémica, el director de Azteca Deportes, Rodolfo Ramírez, informó que el grupo empresarial analiza la posibilidad de vender la franquicia. A esto se suman versiones sobre una eventual reestructuración del plantel, ya que cerca del 95 por ciento de los contratos de los jugadores actuales concluyen en junio de 2026 sin que hasta ahora se haya anunciado su renovación.

Tras las críticas a sus declaraciones, el gobernador reiteró su postura y aseguró que sus señalamientos buscan evidenciar tanto las presiones hacia el gobierno estatal como la situación que enfrenta el equipo poblano, en un contexto donde el conflicto entre la administración pública y el grupo empresarial continúa escalando.

 

 

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