El delito de ciberasedio, tipificado en el artículo 480 del Código Penal de Puebla, no podrá ser aplicado contra la organización Artículo 19 ni contra las personas que integran o acompañan su labor, luego de que un juez federal concediera un amparo al considerar que la norma carece de claridad y certeza jurídica.
Dicho tipo penal establece penas de hasta tres años de prisión por conductas como vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensas reiteradas a través de redes sociales. Sin embargo, su redacción fue calificada como imprecisa y ambigua, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades.
La resolución fue emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, a cargo de Horacio Óscar Rosete Mentado, quien determinó que el delito resulta incompatible con los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, informó Artículo 19 en un comunicado difundido este 27 de enero.
De acuerdo con la organización, el amparo protege a sus integrantes actuales y futuros, siempre que actúen conforme a sus estatutos, y también se extiende a personas defensoras de derechos humanos y periodistas que reciban acompañamiento legal por parte de Artículo 19.
En su demanda ante el Poder Judicial de la Federación, la agrupación advirtió que el delito de ciberasedio puede ser utilizado de forma arbitraria para criminalizar la labor periodística y la protesta social, al permitir procesos penales por la simple emisión de críticas o exigencias dirigidas a autoridades y actores políticos.
La sentencia reconoce que la existencia de este tipo penal genera un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, ya que el temor a enfrentar procedimientos penales sin reglas claras puede llevar a la autocensura y a la reducción del debate público.
El fallo establece que la protección judicial permanecerá vigente mientras el delito de ciberasedio continúe en la legislación poblana, lo que impide su aplicación contra Artículo 19 y las personas que acompaña, sin que ello implique una derogación general de la norma.
