La propuesta de crear una ley para castigar a quienes simulen su desaparición generó un intercambio público de críticas entre las diputadas Susana Riestra y Nay Salvatori, en medio de la polémica surgida tras el caso de Lidya Valdivia, una mujer embarazada cuya presunta desaparición movilizó a corporaciones de seguridad y a usuarios de redes sociales en Puebla.
El caso se dio a conocer el pasado 18 de enero y derivó en una búsqueda que se prolongó hasta el día 22. Posteriormente, autoridades detectaron inconsistencias en la versión inicial de los hechos y concluyeron que lo ocurrido no correspondía con el reporte original, lo que abrió el debate sobre el uso de recursos públicos en este tipo de situaciones.
A raíz de este episodio, la bancada de Morena, encabezada por la diputada Nay Salvatori, planteó una iniciativa para sancionar penalmente a quienes finjan su desaparición. La propuesta fue cuestionada de inmediato por la diputada panista Susana Riestra, quien calificó la idea como un retroceso y una muestra de falta de sensibilidad frente a la crisis real de personas desaparecidas en el estado.
A través de redes sociales, Riestra sostuvo que la iniciativa es innecesaria, al argumentar que el marco jurídico vigente ya contempla sanciones para quienes falsean información ante la autoridad. A su juicio, la propuesta no responde a una necesidad legal, sino a una postura improvisada vinculada al contexto político.
La legisladora panista advirtió que el tema de las desapariciones no debe abordarse desde ocurrencias legislativas, al señalar que se trata de un problema que involucra derechos, dignidad y vidas humanas, por lo que llamó a un tratamiento responsable desde el Congreso local.
En respuesta, la diputada Nay Salvatori defendió su iniciativa y afirmó que no busca castigar denuncias legítimas, sino sancionar únicamente aquellos casos en los que, tras una investigación, se compruebe que los hechos fueron fingidos. Señaló que el objetivo es evitar el desgaste de los cuerpos de emergencia y de la Fiscalía General del Estado en situaciones fabricadas.
Salvatori argumentó que la propuesta pretende proteger los recursos públicos y prevenir el pánico social, al tiempo que aseguró que ha tenido una amplia aceptación ciudadana. Añadió que la intención es evitar acciones como bloqueos derivados de casos falsos, los cuales, dijo, pueden poner en riesgo a terceros y desviar la atención de personas que realmente se encuentran en peligro.
