La defensa del agua como derecho humano volvió al centro del debate público en Puebla, luego de que voces académicas y activistas alertaron que la nueva Ley General de Aguas mantiene esquemas concesionados y abre la puerta a un modelo de gestión orientado al mercado. Durante el 12 aniversario de la Asamblea Social del Agua (ASA), los participantes coincidieron en que la ciudadanía debe organizarse para resistir la continuidad de un sistema que consideran privatizador.
Durante el encuentro se destacó que la organización ha promovido más de 500 amparos para restituir el servicio a familias que se quedaron sin acceso al suministro, un litigio sostenido que también acompañó denuncias contra Concesiones Integrales por incumplir el saneamiento de aguas residuales. Este historial fue expuesto como prueba de la persistencia del desabasto y del encarecimiento del servicio desde que el sistema opera bajo concesión.
La exsubdirectora de Conagua, Elena Burns, advirtió que el nuevo marco normativo prolonga el modelo instaurado desde el sexenio salinista, cuando el agua fue tratada como mercancía y se permitió su explotación privada. Consideró que el país se encamina hacia un escenario similar al de Puebla en 2013, cuando se consolidó la privatización del suministro en la zona metropolitana.
Burns también señaló que el Congreso federal realizó foros públicos sin incorporar las demandas de colectivos, especialmente la prohibición expresa de privatizar el recurso y el reconocimiento pleno de derechos de pueblos indígenas. Sostuvo que la legislación favorece a sectores industriales que pagan montos muy inferiores a lo que correspondería por su consumo de agua.
Por su parte, el académico Francisco Vélez Pliego llamó a impulsar la movilización social en la fase de adecuación legislativa a nivel estatal, donde —dijo— será posible contener la profundización del esquema concesionado. Propuso una gestión basada en la bioculturalidad y en la participación de comunidades que han protegido históricamente los territorios y sus fuentes de agua.
En el acto también se presentó un mensaje videograbado de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien reconoció a la ASA como un referente nacional por su capacidad de articulación y resistencia jurídica frente a tarifas excesivas y distribución por tandas. Señaló que las luchas socioambientales han sostenido la exigencia de que el agua sea tratada como derecho y no como mercancía.
Integrantes del colectivo advirtieron que, aunque se logró incorporar el derecho al agua en la Constitución local, la concesión permanece intacta. Consideraron que las posibles indemnizaciones a privados han frenado la recuperación del servicio, pese a que —afirmaron— el costo social de la privatización ha sido mayor que cualquier inversión pública necesaria para garantizar el acceso universal.
