Casi 5 mil vehículos del transporte público y de carga en Puebla podrían quedar fuera de circulación por demoras en la renovación de permisos y placas. Transportistas señalan que la falta de avance administrativo los coloca en riesgo inmediato y advierten que recurrirán a la protesta si no hay respuesta antes del 10 de diciembre.
La Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP) sostiene que el rezago afecta particularmente a unidades con antigüedad superior a diez años, muchas de ellas aún en operación diaria. Hasta febrero de 2026, estiman que solo 11 mil vehículos habrán logrado completar el proceso, dejando un amplio margen sin regularizar.
Los concesionarios aseguran que el retiro masivo de unidades provocaría una disminución significativa en la oferta de movilidad, especialmente en zonas donde el transporte convencional es el principal medio de traslado. Afirman que la afectación alcanzaría a rutas troncales y suburbanas.
El gremio también advierte que millones de viajes diarios podrían verse comprometidos si los vehículos no obtienen prórrogas o mecanismos de transición. Calculan que más de 60 por ciento de las personas usuarias dependen del transporte convencional para actividades laborales, escolares o médicas.
Ante este escenario, piden a las autoridades estatales establecer un diálogo inmediato y público. Argumentan que las reglas actuales se han aplicado sin consulta previa y sin foros abiertos que permitan revisar costos, tiempos y condiciones de operación.
Entre sus peticiones figuran prórrogas temporales, apoyos económicos para la compra de nuevas unidades y un programa gradual de revisión mecánica. También solicitan seguridad jurídica en la asignación de rutas y un modelo más flexible para reemplacamiento.
La fecha del 10 de diciembre permanece como línea de presión. Si no hay acuerdos, los transportistas prevén un paro estatal con marchas y concentración en la capital, lo que podría derivar en una de las movilizaciones más grandes del sector en los últimos años.
