Más de 100 campesinos mantuvieron por alrededor de 31 horas el bloqueo total de la autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza en Puebla, donde colocaron tractores y maquinaria para impedir el paso en ambos sentidos. La obstrucción se concentró en el kilómetro 185, a la altura de Palmarito Tochapan, y derivó en filas que se extendieron hasta por 20 kilómetros, según reportes de transportistas.
El retiro comenzó de forma gradual después de casi día y medio de cierre, con la circulación liberándose lentamente conforme los manifestantes levantaban el plantón. Productores de Puebla, Tlaxcala y Veracruz participaron con la consigna de exigir mayores apoyos para el campo y mostrar rechazo a la reforma de la Ley General de Aguas.
Sin embargo, la protesta terminó envuelta en un debate político. Autoridades ministeriales señalaron que el bloqueo habría sido promovido por Antonio Martínez Fuentes, alias El Toñín, identificado como uno de los líderes del robo de hidrocarburos en la región. La imputación abrió una discusión sobre si la movilización respondía realmente a demandas campesinas o si obedecía a intereses paralelos.
La tensión escaló cuando Martínez Fuentes difundió un video desde el que lanzó insultos contra el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, acusándolo de haber ordenado retirar por la fuerza a los inconformes. En el mensaje aparece acompañado de su hija, la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez Gerardo, a quien pidió respeto en medio del conflicto.
La alcaldesa Guadalupe Martínez Gerardo informó que recibió una llamada desde Gobernación para pedirle intervenir en el bloqueo, pero negó haberlo organizado.
Aguilar Pala rechazó haber emitido amenazas y sostuvo que su petición se limitó a solicitar información sobre el cierre carretero. Dijo mantener trato institucional con los municipios, y manifestó disposición a dialogar con habitantes de Quecholac para disminuir tensiones y evitar nuevos bloqueos.
Aunque la circulación fue reabierta tras largas horas de espera, las consecuencias políticas siguen abiertas. Entre acusaciones cruzadas, queda pendiente determinar si el movimiento obedeció a presiones criminales o si fue expresión auténtica de un sector rural inconforme con la política hídrica y el reparto de recursos públicos.
