Pascual Bermúdez Chantés y Renato Romero, reconocidos activistas en defensa del agua en Xoxtla, enfrentan un proceso judicial federal tras el cierre de la autopista México-Puebla. Sus abogados denuncian que los cargos buscan inhibir la protesta social y califican el caso como un “delito fabricado”.
Durante la audiencia inicial, celebrada con fuerte despliegue de seguridad, se resolvió que ambos permanecieran en libertad mientras se amplía el término procesal. La defensa insistirá el próximo viernes en que no se les vincule a proceso.
El conflicto se desató después de que el ayuntamiento de Xoxtla firmara un acuerdo con la empresa Concesiones Integrales para extraer agua del pozo 4, provocando movilizaciones de habitantes que sufren escasez de agua. La denuncia fue presentada por Caminos y Puentes Federales, con testigos de la Secretaría de Gobernación estatal, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes intervino pese a no tener competencia directa.
Los activistas y la comunidad argumentan que los procedimientos judiciales buscan favorecer intereses privados por encima de los derechos colectivos. La situación llevó a cientos de pobladores de Xoxtla y otras localidades cercanas a manifestarse frente a Conagua el 27 de agosto, exigiendo que la administración del agua regrese a las comunidades afectadas.
En las protestas se destacó que, mientras las localidades enfrentan sequía y escasez de agua, SOAPAP extrae millones de litros al año, principalmente para abastecer a la ciudad de Puebla. Los defensores advierten que los procesos legales podrían desincentivar la organización comunitaria y poner en riesgo la gestión de recursos esenciales.
