Sin contar con una designación formal que avalara sus funciones, el hijo mayor del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Arellano, participó durante varios meses en actividades oficiales del gobierno estatal. Su presencia en reuniones y giras internacionales ocurrió antes de que existiera un respaldo legal que justificara su papel dentro de la administración pública.
Recién graduado en Ingeniería en Robótica y Sistemas Digitales, Armenta Arellano asistió a eventos con funcionarios y formó parte de una delegación que visitó empresas tecnológicas en Estados Unidos, como Google y Meta. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y los procesos internos del gobierno poblano.
Además, antes de que su padre asumiera el cargo de gobernador, creó una empresa dedicada a consultoría tecnológica, lo que ha motivado debates sobre posibles conflictos de interés entre sus actividades privadas y su involucramiento en la administración pública.
Este caso recuerda situaciones similares en las que familiares de funcionarios públicos desempeñan roles importantes sin contar con nombramientos oficiales, lo que reaviva el debate sobre nepotismo y profesionalización en la gestión pública.
La tardanza en formalizar su nombramiento y la participación activa sin respaldo legal evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia, para evitar privilegios indebidos y garantizar que la función pública se ejerza conforme a la ley.
Ante esta situación, expertos y sociedad civil exigen mayor vigilancia y regulación para asegurar que quienes participan en la administración estatal cumplan con requisitos legales y actúen bajo un marco ético que preserve el interés público.
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