California aprobó un paquete de 21 leyes que establece nuevas restricciones a las operaciones de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza en ese estado, disposiciones que incluyen mecanismos de supervisión, responsabilidad legal por posibles abusos y un impuesto a las ganancias de las empresas que administran centros privados de detención migratoria.
El gobernador Gavin Newsom señaló que las medidas buscan reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en las acciones de control migratorio. También criticó al presidente Donald Trump, al afirmar que sus intereses políticos han sido “colocados por encima de la salud, seguridad y bienestar de las familias estadounidenses”.
Entre las disposiciones se contempla que, a partir del 1 de enero de 2027, los agentes federales no puedan operar con el rostro cubierto, sin identificación oficial o en vehículos particulares sin distintivos. También se restringirá el uso de guantes de descarga eléctrica y la utilización de tribunales estatales, estacionamientos y otras instalaciones propiedad de California para operaciones migratorias.
El paquete legislativo permitirá que cualquier persona presente demandas civiles contra agentes del ICE y de la Patrulla Fronteriza cuando considere que sus derechos civiles fueron vulnerados durante una intervención dentro del estado.
Asimismo, la Fiscalía de California tendrá facultades para investigar posibles abusos y procesar a oficiales cuando se registren muertes relacionadas con operativos migratorios.
Otra de las medidas establece un impuesto del 25% sobre las ganancias anuales de las empresas privadas que administran centros de detención migratoria. Además, la apertura de nuevas instalaciones de este tipo requerirá el respaldo de las comunidades donde se pretenda establecerlas.
Las leyes también fijan condiciones de salud y seguridad para las personas detenidas, entre ellas el acceso a servicios médicos, agua potable y alimentos. La Fiscalía estatal podrá realizar inspecciones y revisiones anuales en los centros privados para verificar el cumplimiento de estas disposiciones.
Newsom sostuvo que California asumirá responsabilidades para proteger a sus comunidades y exigir el cumplimiento de la ley a las autoridades federales que operen dentro de su territorio.
