Dirigencias partidistas en Puebla reconocieron que los mecanismos internos para seleccionar candidatos podrían no ser suficientes para impedir que aspirantes con posibles vínculos con el crimen organizado lleguen a las boletas en las elecciones de 2027.
Representantes de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que, aunque en los últimos procesos electorales se han implementado filtros para revisar antecedentes de quienes buscan una candidatura, estos controles tienen alcances limitados para detectar relaciones con redes delictivas.
Desde Morena, su representante ante el Instituto Electoral del Estado explicó que el partido solicitará cartas de no antecedentes penales y realizará cruces de información con la Fiscalía General del Estado para revisar los perfiles. Sin embargo, reconoció que este documento solo refleja sentencias firmes, lo que dificulta identificar a personas que pudieran estar bajo investigación sin contar aún con antecedentes oficiales.
En el caso de Movimiento Ciudadano, su dirigencia estatal consideró que la delincuencia organizada suele adelantarse a los controles partidistas. Por ello, adelantó que propondrán incluir revisiones patrimoniales obligatorias para aspirantes a cargos públicos, con el fin de analizar posibles irregularidades financieras o vínculos económicos.
Por su parte, el dirigente estatal del PVEM indicó que su partido también revisa antecedentes penales y consulta información con autoridades ministeriales antes de definir candidaturas. No obstante, señaló que aun cuando se aplican filtros, existe el riesgo de que funcionarios electos establezcan relaciones con grupos delictivos una vez que asumen el cargo.
En contraste, PRI y PAN informaron que buscarán reforzar sus controles internos para los próximos comicios. Entre las medidas contempladas se encuentran la aplicación de la declaración 3de3, pruebas antidoping, evaluaciones de control de confianza y el uso de herramientas digitales para el registro y revisión de aspirantes.
Dirigentes partidistas señalaron que estos ajustes se plantean luego de que en el proceso electoral de 2024 se registraran casos de candidatos en Puebla que posteriormente fueron señalados por presuntos vínculos con grupos criminales, lo que llevó a revisar los procedimientos de selección dentro de los partidos.
