La confrontación pública entre autoridades de Puebla y Tlaxcala por la investigación del homicidio de Karina Ruiz y Alexandro Tello continúa sin una respuesta formal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, que hasta ahora no ha fijado postura frente a los señalamientos del gobierno tlaxcalteca.
El vocero de Tlaxcala, Antonio Martínez Velázquez, cuestionó que la fiscal poblana, Idamis Pastor Betancourt, hiciera referencia a la posible clasificación del caso como delincuencia organizada, pese a que —según dijo— esa línea no corresponde a las indagatorias que se desarrollan en su estado. Afirmó que tal declaración generó especulaciones y pudo afectar el debido proceso.
En contraste, la fiscalía poblana únicamente difundió un comunicado para informar la vinculación a proceso de Alejandro A. N., Christian N., alias “El Bau”, y Miriam N., acusados de homicidio calificado. En ese mensaje institucional no se abordaron las críticas provenientes del gobierno de Tlaxcala ni se ampliaron detalles sobre la diferencia de versiones.
Otro punto de fricción radica en el lugar donde ocurrieron los hechos. Mientras la autoridad tlaxcalteca sostiene que el homicidio se cometió en el municipio de Chignahuapan, Puebla, un informe inicial de la fiscalía especializada poblana indicó que la desaparición y el crimen habrían ocurrido en Tlaxcala, lo que derivó en interpretaciones distintas sobre la competencia territorial.
A ello se sumaron versiones sobre un supuesto vínculo familiar entre uno de los detenidos y la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, lo cual fue rechazado de manera categórica por el vocero estatal. Las autoridades señalaron que esa información carece de sustento.
Desde Puebla, el coordinador de gabinete, José Luis García Parra, sostuvo que ambas fiscalías son autónomas y pueden seguir líneas de investigación distintas conforme a sus atribuciones. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala reiteró que el móvil apunta a un conflicto entre particulares y no a delincuencia organizada, aunque evitó profundizar sobre la presunta deuda empresarial mencionada en declaraciones previas.
Mientras tanto, la ausencia de una respuesta directa por parte de la fiscalía poblana mantiene abiertas las discrepancias públicas entre ambas instituciones.
