Tres recientes agresiones a comunicadores en Puebla han puesto en evidencia los riesgos que enfrenta el gremio periodístico en la capital del estado. Los reporteros Belén Castellanos y Antonio Pineda, de Imagen TV, fueron atacados mientras cubrían una noticia en el Centro Histórico, mientras que Raúl Lazcano, editor del medio digital E‑Consulta, sufrió un ataque en transporte público relacionado con su labor profesional.
Frente a estos hechos, la Secretaría de Gobernación estatal, a través de la Dirección de Atención de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, activó protocolos de acompañamiento para los afectados, ofreciendo seguimiento legal y protección durante el desarrollo de sus actividades periodísticas.
El Gobierno de Puebla condenó de manera firme las agresiones y reafirmó la importancia de garantizar entornos seguros para quienes ejercen el derecho a informar, enfatizando que la violencia contra periodistas vulnera la libertad de expresión y el acceso a la información de la ciudadanía.
Representantes de asociaciones de prensa locales han manifestado su preocupación ante el aumento de incidentes de este tipo, señalando la necesidad de reforzar las medidas preventivas y los mecanismos de protección para evitar que estos ataques se repitan.
Analistas en derechos humanos destacan que la violencia contra periodistas no solo afecta a las víctimas, sino que tiene un impacto directo en la sociedad al limitar la cobertura de noticias y restringir la labor informativa en zonas de riesgo.
Los hechos recientes subrayan la urgencia de consolidar estrategias que protejan a los comunicadores y fortalezcan el ejercicio seguro de la libertad de prensa en Puebla, un componente esencial para la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.
