La baja proporción de investigaciones que se convierten en procesos judiciales mantiene una presión constante sobre los tribunales de Puebla, donde cada año ingresan miles de denuncias, pero solo una fracción alcanza la etapa de juicio.
Entre enero y noviembre de 2025, la Fiscalía General del Estado abrió 75 mil 562 carpetas de investigación. El robo concentró casi cuatro de cada diez casos, seguido por violencia familiar, lesiones, amenazas y abuso sexual, delitos que requieren atención continua y generan una alta demanda de audiencias.
Sin embargo, la mayoría de estas investigaciones no llega a los juzgados. De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2024 solo alrededor del 7 por ciento de las determinaciones emitidas por fiscalías estatales en el país derivaron en el ejercicio de la acción penal.
Aplicado al contexto local, ese porcentaje implica que de las más de 74 mil carpetas abiertas en Puebla durante 2024, apenas entre 5 mil y 6 mil habrían sido judicializadas. Para 2025, con un volumen similar de denuncias, la carga potencial para los tribunales se mantiene prácticamente intacta.
El problema se agrava por la naturaleza de los delitos más frecuentes. La violencia familiar, por ejemplo, registró en 2025 la apertura de una carpeta cada 49 minutos, lo que anticipa un flujo constante de asuntos que requieren seguimiento prolongado y recursos especializados.
Aunque la Fiscalía cuenta con más de 160 unidades administrativas y una plantilla superior a 3 mil personas, estos recursos se concentran en la etapa de investigación. La limitada conversión de carpetas en juicios provoca que los tribunales operen cerca de su capacidad, con tiempos de resolución cada vez más ajustados.
Este desbalance entre la cantidad de delitos denunciados y los casos que efectivamente se judicializan explica la saturación del sistema. Más que un aumento aislado de la incidencia delictiva, el reto en Puebla es estructural: demasiadas investigaciones para una capacidad judicial que avanza a un ritmo mucho más lento.
