Sesenta años de prisión fue la condena impuesta a tres hombres hallados culpables del feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, tras la resolución emitida por un Tribunal de Enjuiciamiento con sede en el penal de San Miguel, en Puebla. La pena máxima fue determinada al acreditarse agravantes en la conducta de los acusados antes y durante el proceso judicial.
En el caso de Javier López Zavala, exfuncionario estatal, se encuentra señalado como autor intelectual del crimen, así como Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas Ruiz, identificados como autores materiales. El tribunal concluyó que existió coordinación y provisión de recursos para ejecutar el ataque.
Además de la pena de prisión, la sentencia contempla sanciones económicas que incluyen multas, reparación del daño moral e indemnización a la familia de la víctima, montos que deberán ser cubiertos de manera individual por cada uno de los responsables, conforme a lo establecido en la legislación local.
Durante el juicio, la Fiscalía General del Estado de Puebla sostuvo que López Zavala facilitó los medios para que su sobrino coordinara el homicidio, el cual se consumó cuando la víctima fue interceptada y atacada con arma de fuego mientras circulaba en su vehículo. Esta línea de investigación fue respaldada por el tribunal tras valorar las pruebas presentadas.
La hermana de la víctima y su representante legal, Helena Monzón, señaló que el fallo reconoce un patrón de actuación marcado por intentos dilatorios y discursos revictimizantes, lo que fue considerado por el órgano jurisdiccional como un factor para imponer las penas más altas previstas en el Código Penal.
Organizaciones y colectivos que dieron seguimiento al caso destacaron que la condena representa un precedente en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género. Subrayaron que la resolución envía un mensaje de alcance nacional: la responsabilidad penal puede imponerse incluso a quienes han ocupado cargos de poder, cuando se acreditan plenamente los hechos.
