La suspensión de actividades, clausura de instalaciones, multas millonarias e incluso la disolución definitiva de empresas son algunas de las sanciones que podrían imponerse en Puebla a personas jurídicas involucradas en delitos de alto impacto, de prosperar una iniciativa presentada ante el Congreso local.
El planteamiento busca que las empresas, sociedades o fundaciones enfrenten consecuencias penales cuando participen o se beneficien de ilícitos como terrorismo, fraude, corrupción de menores, trata de personas, secuestro y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos considerados graves.
La propuesta fue impulsada por la diputada de Morena Azucena Rosas Tapia, quien presentó una reforma al Artículo 25 del Código Penal del Estado de Puebla con el objetivo de precisar que la responsabilidad penal puede extenderse a las personas morales y a sus bienes, no solo a los individuos que cometan el delito.
De acuerdo con la iniciativa, cuando un administrador, socio o empleado incurra en un ilícito en el ejercicio de sus funciones, el juez podrá imponer sanciones a la empresa involucrada, siempre que se acredite su participación, conocimiento o beneficio derivado de la conducta, quedando excluidas las instituciones del Estado.
Entre las medidas previstas se encuentran la prohibición temporal o definitiva de realizar determinadas actividades, la inhabilitación para contratar con el sector público, la intervención judicial, la remoción de directivos y, en los casos más graves, la disolución de la persona jurídica.
Para definir la sanción correspondiente, se deberán valorar factores como el grado de involucramiento de los órganos de administración, la existencia de programas de cumplimiento y prevención, las acciones adoptadas para mitigar daños, el perjuicio causado y el beneficio económico obtenido.
La iniciativa fue turnada al Congreso del Estado de Puebla, donde será analizada en comisiones antes de su eventual discusión en el pleno, en un contexto de creciente debate sobre la responsabilidad penal de las empresas frente a delitos graves.
