Alpanocan pide al Ejecutivo federal asumir conflicto territorial Puebla–Morelos

La comunidad indígena de San Antonio Alpanocan solicitó la intervención directa del gobierno federal para atender el conflicto limítrofe entre Puebla y Morelos, al considerar que las autoridades estatales han sido incapaces de resolver una disputa que se mantiene abierta desde hace más de dos décadas.

El pronunciamiento fue dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien la asamblea comunitaria pidió que la Federación atraiga el caso ante lo que califican como omisiones reiteradas de ambos gobiernos estatales y un aumento reciente de la tensión en la zona.

La exigencia ocurre tras un operativo realizado la madrugada del 20 de diciembre, cuando fuerzas federales y corporaciones policiales ingresaron al paraje Chiapan, dentro del territorio comunitario, con maquinaria pesada. De acuerdo con los habitantes, la movilización se llevó a cabo sin consulta previa ni notificación formal.

Los pobladores señalaron que la intervención buscaba afectar una obra comunitaria destinada a garantizar el acceso al agua en una región con alta vulnerabilidad hídrica y agrícola, lo que consideran una amenaza directa a su subsistencia y a su derecho al uso del territorio.

Ante el despliegue, la comunidad se organizó de manera pacífica para frenar las acciones y evitar un enfrentamiento, aunque advirtió que el episodio rompió acuerdos de neutralidad vigentes y reactivó fricciones con comunidades vecinas de Tetela del Volcán, en el estado de Morelos.

En su posicionamiento, San Antonio Alpanocan acusó a los gobiernos de Puebla y Morelos de actuar con irresponsabilidad frente al conflicto territorial y de permitir prácticas que, aseguran, derivan en criminalización y hostigamiento contra quienes defienden el agua y la tierra.

Finalmente, la comunidad reiteró su disposición al diálogo institucional, pero dejó claro que no aceptará decisiones unilaterales ni acciones represivas, y responsabilizó al Estado de cualquier afectación a la paz social o a la integridad de sus habitantes. Hasta ahora, no se ha informado de una postura oficial del Ejecutivo federal sobre la solicitud planteada.

 

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Redaccion
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