La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitó que se analicen los señalamientos contra Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “Toñín”, para determinar si existen elementos que deriven en una denuncia penal.
El planteamiento fue dirigido a la Fiscalía General de la República y al Gabinete de Seguridad, luego de que el caso fuera expuesto en una conferencia matutina en Palacio Nacional.
Durante el intercambio, se mencionaron presuntas amenazas atribuidas a Martínez Fuentes contra funcionarios y periodistas del estado de Puebla, lo que motivó la petición de revisar el alcance legal de los hechos.
También se expuso que el presunto líder huachicolero habría estado vinculado con el cierre de la autopista Puebla–Orizaba, junto con su hija —alcaldesa de Quecholac— y una diputada local, en el contexto de protestas por la Ley General de Aguas.
La presidenta señaló que corresponde a las autoridades federales evaluar si las denuncias públicas cuentan con sustento penal y, de ser así, proceder conforme a derecho.
En el ámbito estatal, el secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, confirmó que su equipo presentó una denuncia penal contra “Toñín”, aunque sin detallar su contenido.
Por separado, la fiscal poblana Idamis Pastor Betancourt informó que existen varias carpetas de investigación abiertas; el gobernador Alejandro Armenta ha señalado posibles operaciones de lavado de dinero, mientras que la Fiscalía estatal mantiene reserva por el sigilo de las indagatorias.
