El huachicol de agua dejó de ser una actividad aislada y se ha convertido en uno de los mercados ilícitos más dinámicos en Puebla, donde grupos delictivos operan tomas clandestinas y redes de distribución que abastecen de manera irregular a comercios, industrias y particulares. Las autoridades ubican a organizaciones como USON y la Chokiza entre las principales responsables de la extracción ilegal.
Los puntos de ordeña se han extendido a municipios como Tehuacán, Puebla capital y Chignahuapan, donde se perforan ductos y se utilizan pipas robadas para trasladar el líquido. Este esquema replica la estructura logística del robo de combustibles: extracción, transporte y venta mediante circuitos paralelos que generan ingresos constantes y difíciles de rastrear.
Aunque Puebla concentra uno de los casos más visibles del país, acciones similares se desarrollan en otras entidades, donde incluso operan sindicatos criminales como ACME y células conocidas como los 300, que también participan en el mercado clandestino del agua en el caso del Estado de México.
La expansión hacia este recurso forma parte de una diversificación más amplia del crimen organizado, que ha extendido su presencia a actividades como el tráfico de especies protegidas, la presión sobre productores agrícolas y la operación irregular de minas.
En el Golfo de California, la extracción ilegal de totoaba y la depredación de la vaquita marina evidencian el impacto en la fauna; en la Selva Lacandona, primates, aves y felinos continúan siendo capturados para redes internacionales.
Las consecuencias se reflejan tanto en el deterioro ambiental como en el empobrecimiento de comunidades rurales. La extracción clandestina, la tala, el tráfico de fauna y las presiones sobre sectores productivos alteran ecosistemas y generan condiciones económicas que obligan a familias enteras a abandonar sus actividades ante la violencia o la inviabilidad financiera.
