Puebla podría reactivar la tenencia vehicular tras superar los 200 mdp de recaudación

Ante la recaudación por más de 200 millones de pesos obtenida este año por concepto de tenencia vehicular, el gobierno de Puebla analiza la posibilidad de reactivar plenamente este impuesto, actualmente subsidiado para los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones, informó José Luis García Parra, coordinador de gabinete.

El análisis surge en medio de un debate nacional sobre la tenencia. En México, solo 15 estados cobran este impuesto sin otorgar subsidios, mientras que la mayoría mantiene beneficios para quienes cumplen con los pagos a tiempo. Puebla, hasta ahora, ha aplicado un subsidio total sobre la tenencia a cambio del pago puntual del control vehicular, cuyo costo promedio es de 670 pesos.

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsa un plan para que todos los estados cobren la tenencia, con el argumento de que la mayoría de los municipios aún carecen de catastros digitales confiables. Según los legisladores, modernizar los registros permitiría una recaudación más justa y eficiente, además de aumentar los ingresos destinados a infraestructura y movilidad.

Especialistas fiscales estiman que, si se aplicara la medida en todo el país, podrían recaudar entre 42 mil y 76 mil millones de pesos adicionales al año. En Puebla, un cambio similar tendría un impacto directo en los automovilistas, quienes podrían perder los beneficios que actualmente reciben, aunque las autoridades aseguran que cualquier decisión se hará considerando la capacidad de pago de la ciudadanía.

José Luis García Parra destacó que la revisión del impuesto forma parte de un estudio más amplio sobre política fiscal y recaudación estatal, evaluando los posibles beneficios económicos frente a los efectos sociales y políticos de modificar el subsidio.

El debate sobre la tenencia en Puebla refleja un conflicto entre aumentar los ingresos estatales y mantener incentivos a los contribuyentes cumplidos, mientras el estado busca herramientas para mejorar la eficiencia fiscal y fortalecer su presupuesto sin afectar de manera desproporcionada a los ciudadanos.

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