En Puebla, la inclusión de la objeción de conciencia para personal médico en la Ley estatal de Salud es vista por activistas y colectivos feministas como un posible obstáculo para que las mujeres ejerzan su derecho al aborto legal y seguro.
La diputada Nayeli Salvatori Bojalil, promotora de la reforma, sostiene que la medida protege la libertad de convicciones éticas y religiosas de los profesionales de la salud. Asegura que los médicos objetores deberán registrarse oficialmente y que, en casos de emergencia, garantizarán la atención médica necesaria.
Desde otra perspectiva, la diputada Fedrha Suriano Corrales, de Movimiento Ciudadano, advierte que esta figura podría restringir la disponibilidad de servicios para la interrupción legal del embarazo y subraya que el Estado tiene la responsabilidad de contar con personal, infraestructura y protocolos suficientes.
La doctora Gabriela Lozano señala que los hospitales públicos ya enfrentan falta de personal y recursos.
Por su parte, la Asociación Mexicana de Objetores de Conciencia también expresó desacuerdo, pero argumentando que la iniciativa limita la libertad de los médicos para negarse a practicar abortos. La tensión entre la protección de la conciencia del personal y los derechos reproductivos de las mujeres mantiene el debate abierto en Puebla.
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