La mendicidad forzada y el trabajo infantil son considerados delitos que vulneran gravemente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y ahora podrían tener consecuencias legales más severas en Puebla. El diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para que los padres, madres o abuelos que obliguen o permitan estas prácticas pierdan la patria potestad sobre los menores.
Los abusos que obligan a los menores a pedir dinero, alimentos u otros bienes en beneficio de terceros se consideran explotación infantil y serán motivo para retirar la patria potestad según la iniciativa presentada.
Los efectos del trabajo infantil se extienden más allá del momento en que ocurre; limita la educación, la salud y el desarrollo emocional de las niñas y niños, afectando su crecimiento integral y su bienestar a largo plazo.
Garantizar que los menores tengan acceso a alimentación, educación, salud y tiempo de esparcimiento es una prioridad para el legislador, quien señaló que estas necesidades deben estar protegidas por la ley y orientadas hacia su desarrollo pleno.
La iniciativa también busca que todas las políticas públicas dirigidas a la infancia se diseñen y evalúen bajo el principio del interés superior de los menores, asegurando que no se les someta a explotación ni vulneración de derechos.
Con la aprobación de esta propuesta, Puebla contaría con un marco legal más claro para sancionar la mendicidad forzada y el trabajo infantil, reforzando la protección integral de los menores y garantizando que su desarrollo sea seguro y libre de explotación.
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