Puebla ha registrado más de 6 mil denuncias de violencia familiar en los primeros siete meses del año, un promedio de casi 30 casos diarios. Sin embargo, solo el 1.9% de estas investigaciones avanzó a medidas judiciales o detenciones.
Expertos advierten que esta brecha deja a muchas víctimas sin protección efectiva, mientras los agresores permanecen sin sanción, aumentando el riesgo dentro de los hogares.
Organizaciones civiles destacan la necesidad de líneas de atención urgente, acompañamiento psicológico y campañas de sensibilización, como herramientas esenciales para orientar y proteger a quienes buscan ayuda.
La coordinación entre autoridades municipales, estatales y grupos de la sociedad civil se considera clave para garantizar que las órdenes de protección y las medidas preventivas se cumplan de manera efectiva.
También se enfatiza la capacitación del personal que recibe denuncias, con el fin de atender cada caso con rapidez y sensibilidad, evitando la revictimización y mejorando la respuesta institucional.
Analistas coinciden en que, para reducir la violencia familiar, se requiere un enfoque integral que combine prevención, protección de las víctimas y sanción a los agresores, asegurando seguridad constante en los hogares.
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