En Puebla, padres de familia del Instituto D’Amicis expresaron su rechazo a la incorporación de un adolescente vinculado al proceso por el feminicidio de Natalia Andrade, argumentando que su presencia genera preocupación por la seguridad de los alumnos. La medida derivó en protestas y en la decisión de no enviar a sus hijos a clases hasta que la escuela atendiera sus demandas.
El joven, identificado como Axel N., ingresó recientemente al nivel secundaria del instituto, luego de haber sido dado de baja del Instituto Oriente tras la cobertura mediática de su caso. Axel continuará su proceso legal en libertad bajo la supervisión de sus padres, con medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del estado, comunicarse con testigos y acercarse a los domicilios involucrados.
Ante la inconformidad de los padres, la dirección del Instituto D’Amicis sostuvo reuniones para abordar la situación. Durante los encuentros, los padres solicitaron medidas concretas para proteger a la comunidad escolar y garantizar un ambiente seguro y respetuoso. Entre las acciones inmediatas acordadas se encuentra la separación del adolescente de su grupo, la entrega de una carta de solicitud de salida de la institución y la citación de los padres del joven para informar sobre la inconformidad.
Además, los padres de familia informaron que continuarán con la recolección de firmas y presentarán una queja formal ante la Asociación de Escuelas Particulares, con el objetivo de que se tomen decisiones que aseguren la tranquilidad de los estudiantes y la confianza de las familias en el instituto.
El Instituto D’Amicis, por su parte, emitió un comunicado en el que aseguró mantener protocolos de seguridad y convivencia, destacando que se garantiza “el correcto desarrollo de las actividades escolares” y reafirmó su compromiso de mantener la institución como un espacio seguro, respetuoso y formativo para todos los alumnos.
El caso de Axel N., vinculado al homicidio de Natalia Andrade, ha generado debate sobre la supervisión de adolescentes en libertad y la manera en que las instituciones educativas deben garantizar la seguridad sin vulnerar derechos legales. Padres, directivos y autoridades se mantienen en diálogo para definir los próximos pasos, mientras la comunidad escolar espera medidas claras que protejan a los estudiantes.
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