Ejidatarios de San Baltazar Campeche ostentan documentos que acreditan la posesión de 18 mil metros cuadrados de la “Manzana 36”, negando cualquier litigio vigente con el Infonavit. A pesar de ello, el gobierno municipal de Puebla ha clausurado construcciones, generando tensiones entre autoridades y propietarios legales.
Vecinos de la Unidad Habitacional La Margarita habían denunciado que los ejidatarios ocupaban áreas destinadas a canchas y zonas verdes, pero los labriegos sostienen que los predios les pertenecen desde que fueron adjudicados por el Tribunal Agrario en 2020, tras impedir la construcción de un supermercado en el terreno.
Tras recibir la posesión legal, los ejidatarios instalaron mallas perimetrales y acordaron lotificar la zona entre 80 beneficiarios, quienes ahora realizan construcciones autorizadas por las reglas del ejido. Los vecinos de la unidad argumentan que esas obras invaden espacios públicos, aunque los ejidatarios aseguran que se trata de propiedad privada y que las reclamaciones carecen de fundamento.
El gobierno municipal de Puebla ha sostenido que las obras están bajo litigio y ha impuesto clausuras en varias ocasiones, presentando a trabajadores ante la autoridad cívica por incumplimiento. Sin embargo, los ejidatarios aseguran que el Infonavit dejó de tener derechos sobre la unidad habitacional desde 2000 y que la Comuna no tiene autoridad para impedir construcciones dentro del ejido.
Los integrantes del comisariado enfatizan que la intervención del ayuntamiento solo genera confrontación y que el municipio debería asumir un rol de mediador imparcial. Reiteran que los habitantes del ejido tienen libertad para ocupar y construir en los terrenos otorgados legalmente.
El conflicto evidencia la falta de coordinación entre autoridades locales y federales, y la importancia de respetar los fallos judiciales para prevenir enfrentamientos en áreas urbanas donde coexisten derechos de vecinos y ejidatarios.
La tensión entre las partes refleja la necesidad de claridad en la delimitación de propiedades y la actuación responsable de las autoridades municipales para garantizar seguridad y orden.
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