El gobierno de Puebla tiene registrados pasivos por 5 mil 100 millones de pesos correspondientes a deuda pública oficial, pero además suma un monto superior a los 3 mil millones en procesos judiciales por laudos laborales y demandas mercantiles aún sin resolverse.
Según informó la Secretaría de Planeación y Finanzas estatal, esos más de 3 mil millones son pasivos contingentes, es decir, compromisos potenciales que dependen de resultados judiciales futuros. Estos casos se originaron en su mayoría a partir del año 2015, cuando se realizaron despidos masivos durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle, aunque algunos expedientes se remontan a años anteriores.
La titular de la dependencia, Josefina Morales Guerrero, explicó que estos pasivos no son considerados deuda oficial porque aún no existe una sentencia firme que obligue al pago. Sin embargo, se contabilizan en los informes financieros para cumplir con estándares de transparencia y buenas prácticas en la administración pública.
En contraste, la deuda formal del estado con instituciones financieras, incluidos créditos con Banobras, está debidamente registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supera los 5 mil millones de pesos.
Aunque hasta el momento no representan un riesgo inmediato para las finanzas públicas, las autoridades reconocen que los procesos legales en curso deben monitorearse con atención para evitar impactos presupuestales significativos en el futuro.
Este panorama revela las complicaciones que enfrenta Puebla para cerrar cuentas pendientes heredadas de administraciones anteriores y destaca la importancia de un manejo financiero responsable para asegurar la estabilidad económica estatal.
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