La aprobación de la Ley Casco en Puebla ha desatado un intenso debate sobre su impacto y alcance. Aunque busca mejorar la seguridad vial y combatir delitos vinculados a motociclistas, expertos legales advierten que sus disposiciones podrían generar más problemas que soluciones.
Esta normativa impone la obligación de portar un casco con un distintivo alfanumérico ligado a la licencia de conducir, además de exigir chalecos reflectantes y restringir ciertas conductas como transportar menores o circular sin luces encendidas. Sin embargo, abogados señalan que estas medidas pueden ser excesivas y afectan la privacidad y libertad de los conductores.
Más allá de la intención, la ley parece centrarse en la apariencia y control de los motociclistas, sin considerar factores sociales y estructurales que alimentan la delincuencia. También se destaca la dificultad práctica para hacer cumplir la norma, debido a la falta de recursos y personal para supervisar a los motociclistas.
El riesgo de estigmatización es otra crítica recurrente, pues el distintivo en el casco puede marcar a los conductores como sospechosos, algo que expertos en derechos humanos califican como discriminatorio y contrario a la Constitución. Proponen en cambio que las identificaciones se coloquen en las motocicletas.
En opinión de especialistas, combatir la inseguridad requiere políticas integrales que atiendan las causas profundas del problema, no solo medidas punitivas enfocadas en un grupo específico. Por ello, llaman a un diálogo más amplio para diseñar soluciones efectivas y respetuosas de los derechos.
Por ahora, la Ley Casco enfrenta cuestionamientos legales y podría ser revisada por instancias como la Suprema Corte, ante posibles violaciones constitucionales. Mientras tanto, el debate continúa sobre cómo equilibrar seguridad y derechos en el transporte urbano.
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