En lo que va de 2025, Puebla ha registrado más de mil casos de personas desaparecidas, una cifra alarmante que evidencia un fenómeno persistente y cada vez más preocupante, especialmente entre la población joven de entre 15 y 19 años.
De acuerdo con datos oficiales recabados por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado y la Fiscalía General del Estado, entre enero y mayo se reportaron mil 92 personas desaparecidas, no localizadas o ya localizadas. La capital poblana concentra la mayor parte de los casos, aunque también se presentan con frecuencia en municipios como Tehuacán, Cuautlancingo, Amozoc, San Pedro Cholula y Coronango.
Las cifras no sólo representan un aumento en relación con el mismo periodo del año anterior —cuando se documentaron mil 17 casos—, sino que también reflejan un perfil claro: adolescentes y jóvenes en edad escolar o laboral, cuyas ausencias se convierten en una señal crítica de la vulnerabilidad que enfrentan estos sectores.
Aunque algunas de las personas han sido localizadas con vida, otras siguen desaparecidas, y en no pocos casos, las autoridades han confirmado hallazgos sin vida. Las bases de datos estatales y nacionales reflejan una problemática de largo alcance: miles de personas desaparecidas desde 1978, y una constante tensión entre los esfuerzos institucionales y las exigencias de las familias, que reclaman justicia, celeridad y sensibilidad en la atención a estos casos.
Organizaciones civiles y colectivos de búsqueda insisten en que el incremento de desapariciones debe encender todas las alarmas. Consideran que los mecanismos actuales son insuficientes y que las respuestas institucionales —aunque formales— resultan poco efectivas en la práctica.
En este contexto, el fenómeno de las desapariciones en Puebla no sólo plantea una crisis de seguridad, sino también una deuda profunda del Estado con las víctimas y sus familias, que siguen esperando una búsqueda eficaz y un acceso real a la justicia.
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