El Congreso de Puebla aprobó de manera “fast track” una reforma al Código Penal estatal que incluye la llamada “ley del ciberasedio”, a pesar de las advertencias de organizaciones civiles sobre riesgos para la libertad de expresión. La iniciativa se aprobó sin debate público ni consulta a especialistas, replicando un patrón de decisiones aceleradas por el bloque afín a la 4T.
Esta reforma tipifica delitos como ciberasedio, espionaje digital, usurpación de identidad, hacking y grooming. En particular, el acoso cibernético contempla penas de hasta tres años de prisión por “insultar, ofender o vejar” reiteradamente a alguien, algo que organizaciones como Artículo 19 califican de ambiguo y potencialmente usado contra periodistas.
La aprobación ocurre en medio de una controversia pública en torno a la cuenta anónima “Aldea Poblana”, que ha criticado duramente al gobernador Alejandro Armenta y su gabinete. Analistas sugieren que la reforma busca identificar y sancionar a quienes están detrás de esas críticas, en un contexto marcado por denuncias de violencia de género contra una funcionaria estatal.
Diputados de oposición alertaron que la reforma funciona como una “ley censura” destinada a limitar la crítica hacia el gobierno, y denunciaron la falta de transparencia y diálogo con la sociedad en el proceso legislativo.
Defensores de derechos humanos recordaron que la libertad de expresión protege también mensajes incómodos para el poder y que criminalizar la obtención y difusión de datos puede afectar investigaciones periodísticas sobre corrupción y abusos.
Por su parte, el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) criticó la falta de análisis técnico y participación ciudadana, señalando que la reforma presenta riesgos legales y sociales que deben atenderse antes de su implementación.
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