Puebla se posicionó como el segundo estado con más agresiones a defensores del medio ambiente en 2024, registrando nueve eventos violentos y 18 víctimas. Entre las víctimas se encuentra Marcos Sánchez Perea, presidente del Comisariado Ejidal de San Andrés Hueycatitla, quien fue asesinado en noviembre mientras se dirigía a una asamblea sobre tala clandestina.
El informe de Cemda, presentado por Itzel Arteaga San Germán, señala que la región del Iztaccíhuatl, donde se ubica Hueycatitla, es una de las zonas más peligrosas para los defensores del medio ambiente. En esta misma área, tres guardabosques de San Salvador El Verde fueron asesinados en febrero por talamontes armados que se oponían a sus esfuerzos por frenar la tala ilegal.
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documentó que estos crímenes están relacionados con el auge de la tala clandestina, especialmente en comunidades cercanas a los bosques. La organización también destacó las agresiones a opositores del Relleno Sanitario de San Pedro Cholula y la trasnacional Granjas Carroll, responsables de la contaminación en la Cuenca Libres-Oriental.
El informe señaló que el 65.9% de las agresiones fueron perpetradas por autoridades, mientras que las empresas y el crimen organizado también estuvieron involucrados en una porción significativa de los casos. Las formas de agresión más comunes fueron intimidación, hostigamiento y homicidios.
La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, reconoció la gravedad de la situación al afirmar que “cuesta la vida defender el territorio” en México. A pesar de esta crisis, aseguró que existen compromisos para garantizar la seguridad de quienes luchan por la protección ambiental.
El Cemda enfatizó la falta de supervisión forestal y la ausencia de políticas públicas efectivas como factores que obligan a las comunidades a asumir la defensa de los bosques, exponiéndolas a riesgos mortales.
Con 30 años de investigación, Cemda alerta sobre la necesidad urgente de reforzar la protección de los defensores del medio ambiente en Puebla y otras regiones del país para frenar la violencia y la impunidad.
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