Los casos de linchamientos no se registran con un patrón de comportamiento lineal, sin embargo, Puebla registra un número importante de este tipo de hechos, ya que pese a los protocolos de actuación, las autoridades aún se ven rebasadas por la furia colectiva.
En la mayoría de los casos, las familias de las víctimas de linchamiento se enfrentan a la incertidumbre, a la falta de justicia y a la impotencia por que el nombre de su familiar quedó con el estigma de un hecho delictivo.
En 1998, el sociólogo noruego Johan Gatung describió el linchamiento como “un fenómeno de violencia social y colectiva, que no tiene un arraigo directo hacia la víctima, si no a la violencia estructural y cultural del sitio donde comete el acto agresivo. La víctima no necesariamente es el origen de la rabia y molestia grupal, si no una serie de factores que engloban a los participantes de linchamientos”.
El Análisis de los Linchamientos en el Estado de Puebla, realizado por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla (CCSJP) 2015-2021 señala que la presencia de ambulantaje, carpetas de investigación pendientes en la zona o denuncias previas forman parte de los focos rojos para que más linchamientos ocurran.
“Tienen una perspectiva negativa sobre las instituciones, que consideran que si denuncian nada pasa, que no hay procesos idóneos para que una persona reciba el castigo que merece”, señala Brenda Elguea Zanella, directora de Información y Atención Ciudadana del CCSJP, pues consideró que en la mayoría de las zonas donde ocurren los linchamientos la percepción de inseguridad es alta, pero no siempre real.
