Candados legales y económicos frenan la posible revocación o extinción del contrato de la concesión que tiene la empresa Agua de Puebla para Todos para el manejo integral del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y disposición de aguas residuales en el municipio de Puebla, así como en la circunscripción territorial de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Amozoc, pues esta se entregó a la firma privada Concesiones Integrales el 26 de diciembre de 2013 e inició operaciones el 16 de mayo de 2014.
El artículo 115 constitucional establece que la gestión y administración del agua debe ser responsabilidad de los municipios, sin embargo, el 28 de diciembre de 1984 fue creado el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap), por lo que el gobierno del estado era el prestador del servicio público ante la imposibilidad financiera y técnica del ayuntamiento de la capital poblana para hacerse cargo del servicio.
En 2013, por decisión del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, se concedió a la empresa Agua de Puebla para Todos la prestación íntegra del servicio, incluido el cobro directo a los usuarios.
El pasado 11 de mayo de este 2022, el gobernador Miguel Barbosa Huerta informó que “pronto habrá noticias muy fuertes sobre el tema de la concesión de agua” y se pronunció porque el servicio se vuelva municipal y lo asuma “el gobierno capitalino”.
Según el Título de Concesión que la administración del entonces gobernador Rafael Moreno Valle firmó en 2013 con la empresa Agua de Puebla para la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento, el término del contrato implicaría diferentes procesos, pagos de una indemnización, así como de las inversiones realizadas por la firma privada.
En el anexo 11 del Título de Concesión de 2013 referente a los “pagos por extinción”, se establece que el concesionario, es decir, la empresa Agua de Puebla para Todos tendrá derecho a una indemnización equivalente al valor de los “flujos de efectivo”, monto que se estima podría ser de 3,500 millones de pesos tomando en cuenta que el acuerdo terminará en 2043, es decir, 30 años después de la firma.
En caso de “rescate” de la concesión, se deberá pagar, de manera adicional, la inversión realizada por la empresa que, de acuerdo con los proyectos dados a conocer a la organización Dale la Cara Al Atoyac en 2019, hasta 2021, habrían representado 2,500 millones de pesos.
Al sumar los dos montos, el gobierno del estado debería pagar, al menos, 6,000 millones de pesos para extinguir la concesión a la empresa Agua de Puebla.
Ante el anuncio de Barbosa Huerta en torno a que “habrá noticias” en el tema de la concesión, se buscó a la empresa Agua de Puebla para Todos, firma que a través de su departamento de comunicación dio a conocer que “no se ha emitido postura alguna con nadie sobre ese tema”.
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