Con la propuesta de reformar el artículo 480 del Código Penal estatal, el Congreso del Estado busca precisar con claridad qué conductas constituyen ciberasedio, sin poner en riesgo la libertad de expresión. La iniciativa establece límites legales definidos para identificar cuándo una acción digital debe ser considerada delito.
Diputados de diversas bancadas se reunieron en una primera mesa de trabajo encabezada por Laura Artemisa García Chávez, presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, para analizar esta reforma. En el encuentro participó también el área jurídica del Poder Legislativo, que apoyó la redacción para asegurar claridad y precisión.
Esta propuesta incorpora aportaciones de ciudadanos recogidas en cuatro “Foros de Ciberseguridad” realizados en Puebla, con el fin de incluir distintos puntos de vista sobre la protección frente al acoso digital.
Entre los cambios destacados se contempla incluir como ciberasedio actos reiterados de vigilancia e intimidación que busquen alterar gravemente la vida cotidiana, afectar la privacidad o dañar la integridad física o emocional de la víctima. Se tomarán en cuenta aspectos como el contexto, la frecuencia y los medios utilizados para evaluar cada caso.
Además, se excluyen de esta definición las expresiones ejercidas dentro del marco legítimo de la libertad de expresión, evitando así que opiniones o manifestaciones legales sean penalizadas.
Las sanciones previstas mantendrán penas de prisión de 11 meses a tres años, pero se endurecerán hasta cinco años si la víctima es menor de edad. También se especifica que la denuncia deberá ser presentada por la víctima, salvo en casos de menores o personas incapaces, donde la autoridad podrá actuar de oficio.
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales han cuestionado la constitucionalidad de esta ley, los legisladores de la bancada de la Cuarta Transformación se han negado a derogarla, prefiriendo fortalecerla mediante esta reforma.
Con estos ajustes, el Congreso de Puebla pretende equilibrar la protección contra el ciberacoso con el respeto a los derechos fundamentales, buscando un marco legal claro y justo para enfrentar el fenómeno del ciberasedio.
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