En Puebla, los registros oficiales dan cuenta de 280 víctimas de trata de personas entre 2015 y 2022, una cifra que especialistas consideran apenas un fragmento del problema real debido al elevado nivel de casos no denunciados. Las conclusiones surgidas durante la jornada académica “Tramas de la trata Puebla–Tlaxcala” subrayan que este delito opera con una intensidad creciente y que la región comparte un modelo de explotación que no distingue fronteras.
La discusión derivó rápidamente hacia Tlaxcala, donde la trata se entrelaza con desapariciones de mujeres en municipios limítrofes. Investigadoras advirtieron que la operación criminal funciona como un sistema regional, en el que San Pablo del Monte, Calpulalpan y Huamantla conforman puntos clave para el reclutamiento y traslado de víctimas hacia Puebla y otros estados.
María del Rosario Arrambide, académica participante, señaló que la cifra negra de este delito podría alcanzar hasta 90 %, lo que implica que centenares de casos permanecen ocultos. Recordó que la mayoría de las víctimas identificadas en Puebla son mujeres adultas, seguidas de menores de edad, lo cual coincide con los patrones documentados en Tlaxcala y en otros 17 estados donde estas redes mantienen vínculos.
La antropóloga Ixchel Yglesias añadió que las estructuras que sostienen la explotación sexual se fortalecen gracias a la precariedad económica, la falta de programas efectivos de prevención y la persistente simulación institucional. En Tlaxcala, ejemplificó, el presupuesto destinado al combate de la trata terminó orientado a proyectos turísticos, dejando sin respaldo real las acciones de atención y protección.
El diagnóstico también reveló que la expansión de megaproyectos, la devastación ambiental y los despidos masivos en zonas industriales han generado condiciones propicias para que el sistema proxeneta se afiance. Estas condiciones, advirtió Yglesias, se repiten tanto en Puebla como en Tlaxcala, donde la vulnerabilidad social facilita la captación de mujeres y niñas.
Ante este panorama, las investigadoras insistieron en que ambos estados deben actuar como una sola región afectada. Exigieron fortalecer las fiscalías, crear refugios especializados, coordinar las comisiones de búsqueda y garantizar que los recursos públicos se destinen a la prevención y atención del delito, no a proyectos que nada tienen que ver con la protección de las víctimas.
La jornada concluyó con un llamado a no normalizar la violencia ni aceptar discursos oficiales que aseguran que la trata ha disminuido. Para las académicas, los datos, los patrones de desaparición y la movilidad criminal en el corredor Puebla–Tlaxcala demuestran lo contrario: la explotación sexual sigue expandiéndose mientras las autoridades mantienen respuestas insuficientes.
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