Los bloqueos en el Camino al Batán comenzaron cuando familiares de personas privadas de la libertad denunciaron que un grupo de internos estaría cobrando cuotas obligatorias para permitir la convivencia dentro del penal de San Miguel. Los inconformes aseguraron que quienes no pagan sufren agresiones físicas.
Mientras sostenían mantas y gritaban consignas, señalaron que este presunto grupo mantiene un control indebido dentro del reclusorio. Afirman que la presión económica y las amenazas han generado temor entre la población interna, que evita denunciar por miedo a represalias.
Las personas manifestantes exigieron el traslado de los presuntos responsables a otros centros penitenciarios. Aseguraron que esta medida es necesaria para detener lo que describen como un sistema de extorsión sostenido y para garantizar la seguridad de quienes cumplen una condena o esperan sentencia.
Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública respondió mediante un comunicado en el que indicó que está abierta a dialogar con quienes tengan información verificable. La dependencia subrayó que el grupo presente en la protesta no acreditó a qué personas privadas de la libertad representaba.
La institución también afirmó que algunos de los señalamientos difundidos carecen de precisión y reiteró que la operación del penal se realiza bajo los protocolos establecidos por ley, con respeto a los derechos humanos de la población interna.
Protestas similares se han presentado anteriormente en este mismo reclusorio, cuando otros familiares expusieron denuncias parecidas que llevaron al traslado de un grupo de internos hacia el penal de Tepexi.
En esta nueva movilización, los inconformes insistieron en que la autoridad debe reforzar controles internos y supervisar la actuación de los custodios para evitar que grupos internos ejerzan prácticas que pongan en riesgo a las personas recluidas.
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